El Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto para regular el uso, que continuará siendo necesario en entornos vulnerables
El final de las mascarillas en interiores ya tiene fecha: el 20 de abril. La víspera, 19 de abril, será cuando el Consejo de Ministros apruebo la nueva normativa que regulará el uso de este en lugares cerrados, por la que dejarán de ser obligatorias salvo algunas excepciones.
La medida se adoptará una vez acabada la Semana Santa, como tenía previsto el ejecutivo, y siguiendo las recomendaciones de las voces expertas.
El decreto ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado un día después de que se apruebe y entrará en vigor inmediatamente. La eliminación de la mascarilla no es generalizada, sino que habrá excepciones y determinados escenarios en que se tendrá que continuar llevando. Previsiblemente será en centros sanitarios, residencias de mayores y el transporte público. El organismo que lo regula, que reúne representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, trabaja desde hace semanas sobre un horizonte sin mascarillas y plantea una retirada progresiva, dependiendo de los ámbitos y el perfil de las personas.
Así, recomiendan que continúo siendo indispensable para personal y visitantes de los centros asistenciales y sociosanitarios, así como en los medios de transporte. Por el contrario, justifican que ya no es necesario que el alumnado continúe utilizándola «en el ámbito escolar». También lanzan una serie de usos recomendados, como que las personas vulnerables se la ponen «en cualquier situación en que tengan contacto prolongado con personas a menos de metro y medio». Y en el trabajo, cuando no se pueda mantener esta separación y no haya una ventilación adecuada.
La fecha para decir adiós al elemento más simbólico de la pandemia se ha consensuado también con las comunidades autónomas. A diferencia otras restricciones contra la covid-19, el uso de mascarillas está regulado por real decreto, pero el gobierno español ha repetido insistentemente que esperaría al criterio de las voces expertas antes de modificarlo. La semana pasada, el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, garantizó que retiraría la obligatoriedad «al segundo siguiente» que lo aconsejaron los técnicos.
La mayoría de los territorios, entre otros la Comunidad Valenciana, se habían pronunciado en la misma línea, a favor de respetar el criterio de la comunidad científica. Algunas, como Madrid, hace semanas que presionan para acelerar la retirada en interiores, salvo los entornos vulnerables. Cataluña, por su parte, pide quitarlas ya en los colegios.
